La Corte Suprema escuchará un caso histórico que cuestiona si las compañías petroleras pueden ser consideradas responsables en los tribunales estatales por su contribución al cambio climático. La decisión, que se espera tenga consecuencias de gran alcance, podría alterar significativamente el panorama de los litigios climáticos en todo Estados Unidos.
La disputa central: jurisdicción estatal versus federal
La demanda se origina en Boulder, Colorado, donde funcionarios de la ciudad y el condado presentaron una demanda contra ExxonMobil y Suncor Energy en 2018. Los demandantes argumentan que las empresas deberían asumir la responsabilidad financiera por los daños incurridos debido a los impactos relacionados con el clima, citando leyes estatales existentes. Los gigantes petroleros, sin embargo, sostienen que tales casos caen bajo jurisdicción federal debido a la naturaleza global de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Esta batalla jurisdiccional es crucial. Si la Corte Suprema se pone del lado de las compañías petroleras, las protegería efectivamente de demandas a nivel estatal, obligando a que todos los litigios climáticos lleguen a los tribunales federales, donde los intereses de la industria pueden tener mayor influencia.
Una ola de litigios climáticos
El caso Boulder no es un caso aislado. Durante la última década, los gobiernos estatales, locales y tribales de todo el país han presentado aproximadamente tres docenas de demandas similares. Estas demandas buscan una compensación financiera por los gastos relacionados con el clima, como los daños a la infraestructura causados por fenómenos meteorológicos extremos. Algunos también acusan a las compañías petroleras de prácticas engañosas, alegando que ocultaron a sabiendas los riesgos asociados con los combustibles fósiles.
A pesar del creciente número de casos, ninguno ha llegado todavía a un juicio completo. La industria petrolera ha luchado agresivamente para llevar estas demandas a los tribunales federales, argumentando que el cambio climático es un asunto de preocupación nacional, no estatal. Anteriormente, la Corte Suprema se negó a intervenir en casos similares, pero la reciente presión de grupos industriales y de la administración Trump provocó una reconsideración.
Hay mucho en juego para el sector energético
Lo que está en juego es inmenso. Las compañías petroleras temen que las demandas climáticas exitosas puedan resultar en daños por miles de millones de dólares, lo que podría desestabilizar el sector energético estadounidense. Los críticos argumentan que se trata de una táctica atemorizante, diseñada para proteger las ganancias a expensas de las comunidades que ya sufren los impactos climáticos.
Los juristas conservadores han abogado abiertamente para que el tribunal cierre estos casos, enmarcándolos como “extorsión ambiental”. El Departamento de Justicia bajo la administración Trump incluso demandó a estados como Hawái y Michigan para bloquear sus esfuerzos de litigio climático.
Este caso no se trata sólo de jurisdicción legal. Se trata de la cuestión fundamental de quién soporta el costo del cambio climático. Si las compañías petroleras son inmunes a la rendición de cuentas a nivel estatal, la carga recaerá desproporcionadamente sobre las comunidades locales y los contribuyentes.
La decisión de la Corte Suprema determinará si los tribunales estatales pueden servir como una vía significativa para la justicia climática o si la industria energética permanecerá en gran medida protegida de las repercusiones financieras. Se espera que el resultado dé forma a la política climática y las estrategias de litigio en los próximos años.
